Por Javier Surasky
En el evento informativo (briefing) que ofreció el secretario general de la ONU a los Estados miembro el pasado 12 de mayo, Guterres pronunció una frase que me dejó turbado: “La crisis de liquidez que enfrentamos hoy no es nueva, pero hola situación financiera y política de hoy agrega aún más urgencia a nuestros esfuerzos”. En otras palabras, lo que ha dicho es que hoy estamos peor que antes, y tras casi 10 años de ejercer el cargo, esas palabras suenan a que el máximo funcionario de la ONU admite el fracaso de su gestión.
Es cierto que la crisis financiera de la ONU es de larga
data y responde a múltiples motivos, que los Estados son los principales
responsables, y especialmente aquellos con mayor capacidad económica y mayores
responsabilidades en el sistema ONU, pero también lo es que aunque son los
Estados, reunidos en la Asamblea General, quienes aprueban el presupuesto de la
Organización y quienes deben hacer efectivos sus pagos, el secretario general
es quien elabora y ejecuta el presupuesto y gestiona administrativa y financieramente
a la ONU, por lo que sus responsabilidades en la situación actual son
evidentes.
Según su informe Situación financiera de las Naciones Unidas
(A/79/521/Add.1) publicado el mismo día en que pronunciaba esas palabras, la
situación a la que se ha llegado es insoportable:
2025 comenzó con un déficit de
caja de 135 millones de dólares. La recaudación en 2025 ha sido inferior a las
estimaciones y, a finales de abril, la recaudación como porcentaje de las
cuotas era la más baja de los últimos siete años (…) El final de 2025 podría
ser tan malo o peor que el de 2024 para las operaciones con cargo al
presupuesto ordinario, a menos que la recaudación en 2025 supere
significativamente la media de los últimos cinco años”.
Durante los últimos años la ONU ha estado tapando agujeros
financieros con estrategias que no hacían más que continuar debilitándola: la
falta de pago o el retraso en el pago de las cuotas de los Estados miembros
afectaron el normal desarrollo del presupuesto general, y esto llevó a la
utilización de recursos asignados a otros fines para financiar gastos
regulares.
En 2018 hubo que recurrir a préstamos del Fondo de
Operaciones en mayo, situación que “mejoró” (¿?) en los años siguientes, ya que
se acudió a esos fondos en julio (2019), septiembre (2020), y noviembre (2021),
con una vuelta atrás que hizo necesario acudir a ellos en septiembre de 2022, agosto
de 2023 y septiembre de 2024.
En 2024 la situación siguió empeorando. Ese año “se fijaron
cuotas por una cuantía de 3.220 millones de dólares, es decir, 231 millones de
dólares más que en 2023. Como el año empezó con atrasos sin precedentes en las
cuotas pendientes de pago, fue necesario adoptar desde el principio medidas
estrictas de ahorro de efectivo (…) Si la Asamblea General no hubiera aprobado
el aumento del Fondo de Operaciones y la utilización de fondos de los
tribunales cerrados, habríamos agotado nuestras reservas y nos habríamos
quedado completamente sin efectivo.” (Informe del secretario general sobre la Situación
Financiera de las Naciones Unidas, párr. 9 y 10).
Pero eso no es todo, ya que el mismo informe explica que 2024
terminó con una recaudación superior a la prevista dado el pago de
contribuciones atrasadas, el presupuesto no pudo gastarse de manera completa ni
fue posible reponer todas las reservas tomadas dada la incertidumbre de los
cobros: “no fue posible gastar unos 255 millones de dólares del presupuesto”
(párr. 9).
Este año no comenzó mejor: los pagos recibidos por la ONU
hasta el final de abril de 2025 representaban 1.800 millones de dólares, 600
millones menos que los recibidos a la misma fecha en 2024, y 101 Estados
Miembro habían pagado sus cuotas íntegramente en 2025, cuatro menos que el año
anterior. De entre ellos, en 2025 solo 49 habían pagado sus cuotas dentro del
plazo establecido para hacerlo (30 días), con el Reino Unido como el único
miembro permanente del Consejo de Seguridad presente entre ellos y, junto con
Alemania y Corea, son los tres países entre los principales 10 aportantes en
cumplir con sus pagos en tiempo y forma.
Al 14 de mayo, el número de Estados que ha
pagado sus cuotas ha trepado hasta 106, y se ha sumado a la lista Francia,
otro miembro permanente del Consejo de Seguridad, Japón, Italia, Canadá. Siguen
sin cumplir sus compromisos financieros tres de los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad que también son parte de la lista de las 10 cuotas más
altas (Estados Unidos, Rusia y China). Esto significa que “Las recaudaciones
del primer trimestre ascendieron al 42 % y el 52 % en 2023 y 2024,
respectivamente, y han disminuido al 40 % en 2025, el nivel más bajo de los últimos
siete años” (párr. 13).
Es claro que desde la ONU no se ha sabido, o no se ha
podido, tomar las medidas necesarias a tiempo, pero también que el discurso de
muchos países en favor de la cooperación y la defensa del multilateralismo se
desvanece cuando se lo confronta con sus acciones financieras.
También es claro que el modelo financiero de la ONU ya no
sirve: más allá de sus complicaciones operativas, del uso excesivo que hacen
los países de contribuciones voluntarias marcadas que no permiten a la ONU
establecer sus propias prioridades de acción, los múltiples fondos
interactuando que pueden ser simplificados, el riesgo de que más del 72% del
presupuesto regular de la organización dependa de diez estados, y más del 40%
de solo dos Estados, es inadmisible y ninguna entidad se conformaría con ello
como su “normalidad”.
Se ha aceptado lo inaceptable, se ha actuado con ineptitud
técnica y con una moral política que parece pergeñada en una reunión entre el Macbeth
de Shakespeare y el Harpagon de Molière. Las consecuencias, como siempre, las
sufrirán con más fuerza los más vulnerables.