Proyecto de ley sobre delitos ambientales en Argentina: democracia, sensibilidad y trabajo multiactores
La democracia es un sistema de vida que se encuentra
severamente afectado por la desconfianza ciudadana, la protección del medio
ambiente es un reclamo urgente y extendido que se estrella en contra las
urgencias de corto plazo de los gobiernos en un sistema mundial basado en el
crecimiento económico y la sociedad civil enfrenta cada vez más restricciones
para participar en los debates e instituciones públicas nacionales, regionales
y globales. Pero ¿Qué ocurre cuando democracia, necesidad de proteger el
ambiente y sociedad civil se reúnen?
El1º de abril de 2025 se presentó en el congreso de la
Argentina un proyecto
de ley para incluir un nuevo capítulo en su código penal sobre “delitos contra
el ambiente”, integrado por 29 artículos. Este proyecto ingresa a las
cámaras legislativas cuando gobierna el país un presidente negacionista del
cambio climático que ha hecho de la Agenda 2030 uno de sus enemigos.
Es el juego democrático, aún en el marco de una democracia debilitada
como lo es la de la Argentina actual, el que permite este paso, inimaginable
bajo cualquier otra forma de gobierno.
La preocupación ciudadana por el clima, aun cuando se ubica bien por debajo de temas como la inseguridad o la economía, propios de un país inestable, alcanza niveles realmente altos. Según la encuesta realizada por el Banco Europeo de Inversiones en 2023-2024, en Argentina:
- El 85% de los encuestados cree que el cambio climático afecta su vida cotidiana, entre ellos el 42% dice que la afecta “en gran medida”.
- El 83% está a favor de medidas gubernamentales más estrictas de cuidado ambiental.
- El 60% cree que las políticas de lucha contra el cambio climático son fuente de crecimiento económico y riqueza para su país, y el mismo porcentaje responde que esas políticas crearán más empleos de los que pueda eliminar.
- El 67% sostiene que el cambio climático afecta sus ingresos o medios de vida.
- El 50% considera posible el tener que desplazarse a otra región o país como consecuencia de los impactos del cambio climático, porcentaje que se extiende a 64% cuando quienes responden son personas menores de 30 años.
- El 73% reconoce que las acciones humanas son las principales responsables del cambio climático.
- El 62% considera que debería haber más inversión en energías renovables.
La sociedad civil trabaja activamente en temas ambientales
en Argentina, país que por sus características recibe también su atención
internacional. Esta sociedad civil local y global ha estado involucrada en el proyecto
de delitos contra el ambiente que se ha presentado en el congreso, ya sea de
forma directa mediante conversaciones, como indirectamente a través del trabajo
que, por ejemplo, el grupo de expertos de Stop Ecocide ha realizado para
definir el crimen de ecocidio, cuyo resultado se incluye en el proyecto de ley.
Así gestado, el proyecto de ley persigue establecer sanciones
penales sobre conductas que dañan el medio ambiente produciendo efectos sobre
los ecosistemas, la biodiversidad y la salud pública, y no están tipificadas en
la legislación argentina. Incluye penas de prisión, inhabilitaciones para
funcionarios públicos y responsabilidad penal para personas físicas y jurídicas,
Considera como sus bases jurídicas al Acuerdo Regional sobre
el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia
en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. (Acuerdo
de Escazú), adoptado en Costa Rica en marzo de 2018 y aprobado mediante Ley
27566 por Argentina. y al artículo 41 de la Constitución Nacional argentina,
que garantiza el derecho a un ambiente sano estableciendo en su primer párrafo que "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley".
La parte principal del
proyecto organiza sus contenidos en torno a capítulos sobre contaminación, delitos
contra la biodiversidad, delitos contra la fauna silvestre, delitos contra los
bosques nativos y protectores, maltrato y crueldad con animales, delitos contra
el patrimonio genético y ecocidio.
Habrá que esperar para conocer si este proyecto logra
convertirse en ley, pero su presentación es una muestra de cómo la democracia, cuando
existe voluntad política, y el trabajo de la sociedad civil pueden reunirse y
abrir puertas para que las preocupaciones de la ciudadanía sean debidamente
consideradas. Una dirigencia sensible, una ciudadanía informada y una
democracia fuerte siguen siendo la mejor opción que tenemos para reconstruir un
sistema internacional jaqueado por las crisis y la falta de visión de los
líderes mundiales.